La Corte Suprema de Injusticia de la Nación se ha hecho acreedora de ser,
en estos tiempos tan confusos de nuestra Patria, la mano visible del terrorismo
de Estado más atroz. Decimos de injusticia, con verdad, ya que la justicia
tiene como objeto defender y consolidar el derecho de las personas siendo el
primero de ellos el derecho a la vida. Con este nuevo estado de cosas cualquier mujer que se diga violada –sin
probar que así lo fue y sin denunciar al supuesto violador- puede desde ahora
solicitar alegremente el asesinato del hijo que lleva en su vientre.
Esto implica canonizar el
terrorismo de Estado erigiendo la tiranía del más fuerte y poderoso –esto
es lo establecido desde las altas esferas del poder- sobre el más débil de los seres, el
nasciturus. Nótese que en otros ámbitos de la sociedad se destaca ya
por la impunidad de sus actos el fuerte y poderoso, burlándose siempre de los que no saben o no pueden
oponerse.
El código Penal que nos rige, si bien contempla la no penalización del
aborto en determinadas circunstancias, -medida ésta que de algún modo abría la
puerta al desorden-, sin embargo, no dejaba de asumir por ello la existencia de
una acción moralmente mala, esto es, la muerte de un inocente y, por lo tanto,
un delito.
El consorcio de abogados católicos al referirse a la sentencia expresa
“que de conformidad a lo declarado en otras ocasiones por
esta Corporación, los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal han quedado
derogados desde la incorporación a la Constitución Nacional de 1994 de
distintos Tratados internacionales que protegen la vida humana desde la
concepción. Lo cual ha sido implícitamente reconocido por la propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al haber en otra ocasión afirmado que “el
derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana,
preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la CN
(doctrina de Fallos, 323-1339), derecho presente desde el momento de la
concepción, reafirmado con la incorporación de Tratados internacionales con
jerarquía constitucional” (“Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos”, dictamen de la Procuración General del 28/02/2006 y votos de
los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni)”.
Resulta
contradictorio a esto último, que el organismo máximo de contralor de cualquier
exceso que pudiera darse en los otros poderes, legitime acciones directamente
occisivas.
Viene
a mi memoria la intervención de cierta abogada del foro santafesino, ignara o
mal intencionada ella, que con ocasión del debate sobre penalización o no del
aborto en un panel, hace ya un tiempo, dijera con total frescura que en la
tipificación del delito del aborto el bien jurídico que se pretendía tutelar
era el de la salud de la madre soslayando directamente la vida del
nasciturus. Por cierto que a nadie se le ocurrió enviarla de nuevo a estudiar
derecho.
¿Será
que los supremos cambiando lo
objetivo piensan que con el aborto se tutela “el bien” “salud de la madre”
física o sicológicamente hablando? ¿Será que los niños engendrados son “una
enfermedad” o “injustos agresores” que vienen a perturbar en muchos casos el disfrute sexual
que reclaman para sí sus madres?
Con su sentencia de muerte sobre los inocentes, la Corte Suprema de
Injusticia, siguiendo los pasos de lo que aconteciera en Estados Unidos, se
convierte en la ejecutora de las
políticas abortistas que pululan en el mundo y que desde hace tiempo tratan de
imponerse en los países más vulnerables, seducidos muchas veces sus
legisladores, no por supuestas contemplaciones piadosas de las sufrientes
madres –que quedan acosadas por sus conciencias después del aborto-, sino por
las promesas de fáciles ganancias.
La muerte del inocente, por lo tanto, –un gran negocio para quienes se
dedican a enriquecerse como mercaderes de la muerte- aparece ante los ojos de
los ciudadanos, porque así lo dispone la Corte, como algo permitido y resguardado
por una aparente licitud que diabólicamente la enaltece.
La desaparición forzosa de
las personas ya no se cubre con el manto del ocultamiento como se denuncia
siempre respecto al acontecer de otros tiempos, sino que a la luz del día se
tolera y fomenta descaradamente el aniquilamiento de los inocentes.
Se implantaría así el crimen por
encargo, toda vez que el estado pagaría a médicos, y personal sanitario,
disponiendo además de los hospitales públicos, sufragados por los impuestos de
todos, con la intención expresa de eliminar, -despedazándolos-, a los niños a
quienes ni siquiera se les da la posibilidad de poder ser adoptados por almas
generosas.
En rigor, esta sentencia viene a completar la complicidad permanente de
quienes debieran velar para que cese la
muerte de tantos inocentes que se
desangran en nuestra Patria víctimas de los delincuentes que pululan por
doquier.
“He observado a los que hacen el mal: los mismos que lo siembran lo
cosechan” (Job. 4, 8) nos dice la Escritura, anunciando de esa manera que el
mal que se realiza a los otros regresa a sus hacedores.
La sentencia de muerte aplicada a los niños por nacer, pues, viene
a coronar una cultura que se sustenta
con “anticonceptivos para todos”, “fornicación para todos”, “placer para
todos”, “libertinaje para todos”, y ahora “aborto para todos y todas”.
La degradación más profunda en las costumbres habituales está a la
vista. Todo esto se vuelve contra el mismo hombre que mucho necesitará de la
gracia y misericordia de Dios para poder salir de tantas miserias y pensar en
construir una nueva sociedad en la que comencemos nuevamente a vivir como hijos
de Dios y no como esclavos del demonio.
Cngo Prof. Ricardo B. Mazza. Director del grupo Pro-vida “Evangelium
Vitae”. 20 de marzo de 2012.
