domingo, 23 de marzo de 2014

Semana del Niño por Nacer San Juan
Del 23 al 30 de marzo – Día del Niño por Nacer 25 de Marzo

25/03 - 21hs - Iglesia Catedral
"Santa Misa por los niños por nacer y por las mujeres embarazadas"

25/03 - 20hs – Parroquia Ntra. Sra. de Tulúm
"Santa Misa por los niños por nacer y por las mujeres embarazadas"

25/03 - 21:30hs - Plaza 25 de Mayo
"Marcha por la vida" hasta Hospital G. Rawson
Llevar pañales, leche y ropa para recién nacido para entregarlo en maternidad del hospital.


28/03 – 21.30hs – Cine Teatro de la Biblioteca Franklin
Espacio “Cine con Valores”  Estreno en San Juan de “October Baby”.
Aporte voluntario y sugerido de $20. Parte de lo recaudado se destinará Grávida. www.gaudiumedia.com.  http://www.facebook.com/pages/Gaudium-Multimedia/161072360758941. Reserva de localidades: gaudiumedia@hotmail.com

29/03 - 17hs - Municipalidad de la Capital y Acción Católica de San Juan
“II MARATÓN POR LA VIDA Y LA FAMILIA”
2 km: Participativa y 6 km: Competitiva
Inscripción Gratuita. Desde el día 10 de marzo en Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan (Mitre 647 E), de 8 a 13hs. Teléfono: 4211868.
Hasta las 16:40hs en la largada, el día de la competencia.

sábado, 22 de marzo de 2014

Quedan especialmente invitados por nuestro Director P. Dr. José Juan García, a la MISA DEL DÍA MARTES 25 a las 20 hs. en nuestra Parroquia, por el Día del Niño por nacer.
                               
                                                 
Les solicito que todo nuestro grupo concurra, recuerden que una de las bases de Tulum-Vida, es como Grupo Pro- Vida, luchar por  la vida desde sus orígenes y en ella pediremos por todos los niños del mundo que están por nacer.
                       
                             También les comunico,, que iniciamos nuestra  actividades , después de Semana Santa, haciéndoles llegar luego la fecha.
                            

                              Con el cariño de Tulum -Vida, los espero el próximo martes en la misa.

miércoles, 28 de marzo de 2012

“El terrorismo de Estado y la desaparición forzosa de personas”


La Corte Suprema de Injusticia de la Nación se ha hecho acreedora de ser, en estos tiempos tan confusos de nuestra Patria, la mano visible del terrorismo de Estado más atroz. Decimos de injusticia, con verdad, ya que la justicia tiene como objeto defender y consolidar el derecho de las personas siendo el primero de ellos el derecho a la vida. Con este nuevo estado de cosas  cualquier mujer que se diga violada –sin probar que así lo fue y sin denunciar al supuesto violador- puede desde ahora solicitar alegremente el asesinato del hijo que lleva en su vientre.
Esto implica canonizar el terrorismo de Estado erigiendo la tiranía del más fuerte y poderoso –esto es lo establecido desde las altas esferas del poder-  sobre el más débil de los seres, el nasciturus. Nótese que en otros ámbitos de la sociedad  se destaca ya  por la impunidad de sus actos el fuerte y poderoso, burlándose  siempre de los que no saben o no pueden oponerse.
El código Penal que nos rige, si bien contempla la no penalización del aborto en determinadas circunstancias, -medida ésta que de algún modo abría la puerta al desorden-, sin embargo, no dejaba de asumir por ello la existencia de una acción moralmente mala, esto es, la muerte de un inocente y, por lo tanto, un delito.
El consorcio de abogados católicos al referirse a la sentencia expresa  “que de conformidad a lo declarado en otras ocasiones por esta Corporación, los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal han quedado derogados desde la incorporación a la Constitución Nacional de 1994 de distintos Tratados internacionales que protegen la vida humana desde la concepción. Lo cual ha sido implícitamente reconocido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, al haber en otra ocasión afirmado que “el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la CN (doctrina de Fallos, 323-1339), derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de Tratados internacionales con jerarquía constitucional” (“Sánchez, Elvira Berta c/ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, dictamen de la Procuración General del 28/02/2006 y votos de los Ministros Higthon de Nolasco y Eugenio Zaffaroni)”.
Resulta contradictorio a esto último, que el organismo máximo de contralor de cualquier exceso que pudiera darse en los otros poderes, legitime acciones directamente occisivas.
Viene a mi memoria la intervención de cierta abogada del foro santafesino, ignara o mal intencionada ella, que con ocasión del debate sobre penalización o no del aborto en un panel, hace ya un tiempo, dijera con total frescura que en la tipificación del delito del aborto el bien jurídico que se pretendía tutelar era el de la salud de la madre soslayando directamente la vida del nasciturus. Por cierto que a nadie se le ocurrió enviarla de nuevo a estudiar derecho.
¿Será que los supremos cambiando lo objetivo piensan que con el aborto se tutela “el bien” “salud de la madre” física o sicológicamente hablando? ¿Será que los niños engendrados son “una enfermedad” o “injustos agresores” que vienen a perturbar en muchos casos el disfrute sexual  que reclaman para sí  sus madres?
Con su sentencia de muerte sobre los inocentes, la Corte Suprema de Injusticia, siguiendo los pasos de lo que aconteciera en Estados Unidos, se convierte en la ejecutora  de las políticas abortistas que pululan en el mundo y que desde hace tiempo tratan de imponerse en los países más vulnerables, seducidos muchas veces sus legisladores, no por supuestas contemplaciones piadosas de las sufrientes madres –que quedan acosadas por sus conciencias después del aborto-, sino por las promesas de fáciles ganancias.
La muerte del inocente, por lo tanto, –un gran negocio para quienes se dedican a enriquecerse como mercaderes de la muerte- aparece ante los ojos de los ciudadanos, porque así lo dispone la Corte, como algo permitido y resguardado por una aparente licitud que diabólicamente la enaltece.
La desaparición forzosa de las personas ya no se cubre con el manto del ocultamiento como se denuncia siempre respecto al acontecer de otros tiempos, sino que a la luz del día se tolera y fomenta descaradamente el aniquilamiento de los inocentes.
Se implantaría así el crimen por encargo, toda vez que el estado pagaría a médicos, y personal sanitario, disponiendo además de los hospitales públicos, sufragados por los impuestos de todos, con la intención expresa de eliminar, -despedazándolos-, a los niños a quienes ni siquiera se les da la posibilidad de poder ser adoptados por almas generosas.
En rigor, esta sentencia viene a completar la complicidad permanente de quienes debieran velar para que cese  la muerte de tantos  inocentes que se desangran en nuestra Patria víctimas de los delincuentes que pululan por doquier.
“He observado a los que hacen el mal: los mismos que lo siembran lo cosechan” (Job. 4, 8) nos dice la Escritura, anunciando de esa manera que el mal que se realiza a los otros regresa a sus hacedores.
La sentencia de muerte aplicada a los niños por nacer, pues, viene a coronar una cultura  que se sustenta con “anticonceptivos para todos”, “fornicación para todos”, “placer para todos”, “libertinaje para todos”, y ahora “aborto para todos y todas”.
La degradación más profunda en las costumbres habituales está a la vista. Todo esto se vuelve contra el mismo hombre que mucho necesitará de la gracia y misericordia de Dios para poder salir de tantas miserias y pensar en construir una nueva sociedad en la que comencemos nuevamente a vivir como hijos de Dios y no como esclavos del demonio.

Cngo Prof. Ricardo B. Mazza. Director del grupo Pro-vida “Evangelium Vitae”. 20 de marzo de 2012.

Comunicado de los Obispos de la Región Cuyo


Toda vida humana es sagrada desde su concepción hasta su término natural, reafirmamos los obispos de Cuyo ante el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es sagrada, por tanto, la vida de la mujer que ha sufrido una violación sexual; una grave lesión a su dignidad de persona. Es sagrada también la vida del niño que es fruto de una violación.
Una mujer que ha sido violada merece comprensión y acompañamiento. Su herida, sin embargo, no se cura con una injusticia mayor como es el aborto.
Cuando la vida del más indefenso es relativizada, todo el cuerpo social se pone en peligro. El aborto es una derrota de todos. Aunque llegue a ser legal, siempre será una grave injusticia contra la dignidad del ser humano y una ofensa a Dios.
San Luis, 15 de marzo de 2012.
José María Arancibia, arzobispo de Mendoza
Alfonso Delgado, arzobispo de San Juan
Eduardo María Taussig, obispo de San Rafael
Pedro Daniel Martínez, obispo de San Luis
Sergio Buenanueva, obispo auxiliar de Mendoza

EE. UU. fuerza el «mandato anticonceptivo» en la Comunidad Internacional

NUEVA YORK, 23 de marzo (C-FAM) Estados Unidos quemó todas las naves diplomáticas durante la sesión de este año de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer al recurrir a la fuerza y al engaño para aprobar una resolución impopular que exige el acceso internacional a la anticoncepción.Los países acusaron a Estados Unidos de manipular el proceso de negociación de principio a fin al proponer el texto inicial de la resolución sobre mortalidad materna, controlando íntegramente la negociación en curso y luego utilizando su prerrogativa como presidente de la conferencia para presentar un documento final que otros países, en realidad, no podían modificar.
La presión que ejerce Estados Unidos en pro de la anticoncepción se aleja radicalmente del lenguaje acordado en la Conferencia de la ONU sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo, en 1994, que  utilizó la expresión «planificación familiar» en vez de la palabra «anticoncepción», sobre la que insistía Estados Unidos. El aborto se rechaza expresamente como método de planificación familiar en el documento de El Cairo. Muchos países temen que la revisión estadounidense, junto con su referencia a los derechos reproductivos dentro de la resolución, pueda promover una agenda de aborto más amplia, lo cual constituye una de las prioridades de la política exterior de la administración Obama.
La resolución, cuyo propósito era abordar la salud materna, no fue bien recibida por delegaciones como Chile, Irán, Malta y la Santa Sede, porque Estados Unidos hizo mayor hincapié en la anticoncepción que en la salud de la madre.
Aun antes del inicio de la conferencia sobre la mujer, Estados Unidos dominó las negociaciones convocando consultas informales a puertas cerradas. Al efectuar consultas por anticipado, este país mostró la importancia que concedía a la resolución y parecía querer garantizar que cualquier problema de importancia fuera abordado previo al inicio de la conferencia.
Aunque hubo concesiones, Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder sobre los «métodos anticonceptivos modernos, seguros, efectivos, asequibles y aceptables» o acerca de cualquier clase de referencia a los derechos reproductivos. Abundan los rumores de por qué Estados Unidos no quiso transigir en este lenguaje, aunque las delegaciones pensaron que era probable que la política nacional de la administración Obama sobre anticoncepción se hubiera convertido ahora también en su política internacional.
Aunque los países expresaron profunda inquietud, Estados Unidos no llevó a cabo ninguna negociación formal sobre la resolución durante la primera semana de la conferencia. Luego, en una maniobra diplomática cuestionable, entabló negociaciones en la Misión de Estados Unidos en vez de hacerlo en la ONU, enviando así el claro mensaje a todas las partes de que el proceso pertenecía a ese país.  El hecho de que hubiera negociaciones en la Misión estadounidense también imposibilitó que asistiera el gobierno de Irán, y este último era uno de los principales opositores de la agenda de derechos anticonceptivos y reproductivos.
La última negociación fue celebrada dentro de la ONU, pero Estados Unidos la concluyó abruptamente, antes de que se alcanzara un acuerdo. El último día de la conferencia, los delegados votaron a favor de la resolución entendiendo que Estados Unidos había atendido sus inquietudes. Fue después de la votación que los delegados cayeron en la cuenta de que Estados Unidos había presentado lo que se conoce como un «texto del presidente», el cual estaba cargado del reprobable lenguaje de la anticoncepción.
El uso de los textos del presidente es un nuevo avance, y para muchas delegaciones, preocupante. Implica que todas las negociaciones efectuadas por los gobiernos llegan a nada y la decisión final es tomada por un solo país.
John Klink, quien se desempeñó durante años como negociador principal de la Santa Sede y como representante en varias delegaciones estadounidenses ante la ONU, dijo a Friday Fax que «los presidentes a menudo prueban algunas cosas para salirse con la suya, como lo harían los países anfitriones de las negociaciones». Pero que, en catorce años de realizar esta tarea, no podía recordar « una sola instancia en la que el texto del presidente fuera impuesto a los negociadores».

domingo, 5 de febrero de 2012

Artículos de San José de Costa Rica


Artículo 1.  Como hecho científico, una nueva vida humana comienza al momento de la concepción.

Artículo 2.  Cada vida humana es un flujo continuo que se inicia en la concepción y avanza por fases etapas hasta la muerte. La ciencia otorga diferentes nombres a estas fases etapas, incluyendo cigoto, blastocisto, embrión, feto, bebé, niño, adolescente y adulto. Esto no cambia el consenso científico acerca de que en todo momento del desarrollo todo individuo es un miembro viviente de la especie humana.

Artículo 3.  Desde la concepción, cada niño, aun no nacido, es por naturaleza un ser humano.

Artículo 4.  Todo ser humano, como miembro de la familia humana, tiene el derecho de ser reconocido por su dignidad inherente y a la protección de sus derechos humanos inalienables. Esto es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales.

Artículo 5.  No existe ningún derecho al aborto bajo el derecho internacional, ni por vía de un tratado internacional obligatorio ni bajo normas de derecho internacional común. No hay ningún tratado de las Naciones Unidas que pueda ser citado con precisión para establecer o reconocer un derecho al aborto.

Artículo 6.  La Comision del CEDAW y otros cuerpos que monitorean tratados han guiado a los gobiernos a cambiar sus leyes sobre el aborto. Estos cuerpos han interpretado explícitamente o implícitamente los tratados a los cuales están sujetos como incluyentes de un derecho al aborto.

Los cuerpos que monitorean estos tratados no tienen autoridad, ni bajo los tratados que las crearon ni bajo el derecho internacional general, de interpretar estos tratados en maneras que creen nuevas obligaciones estatales o que alteren la esencia de los tratados.

En consecuencia, cualquier cuerpo que interprete un tratado de modo que incluya un derecho al aborto actúa más allá de su autoridad y contraría su mandato. Tales actos ultra vires no crean ninguna obligación legal para los estados partes; tampoco deberían  los estados aceptarlos como una contribución a la conformación de un nuevo derecho internacional consuetudinario.

Artículo 7.  Las afirmaciones realizadas por agencias internacionales o actores no gubernamentales en el sentido de que el aborto es un derecho humano son falsas y deben ser rechazadas.

No existe ninguna obligación jurídica internacional de proporcionar acceso al aborto basado en motivo alguno: salud, privacidad, autonomía sexual, no discriminación ni ningún otro motivo.

Artículo 8.  Bajo los principios básicos de la interpretación de tratados del derecho internacional, de un modo consistente con las obligaciones de la buena fe y con el principio pacta sunt servanda, y ejerciendo su responsabilidad de defender la vida de sus pueblos, los estados pueden y deben invocar las provisiones de los tratados que garantizan el derecho a la vida para abarcar la responsabilidad gubernamental de proteger el niño aun no nacido del aborto.

Artículo 9.  Los gobiernos y los miembros de la sociedad deberían garantizar que las leyes y las políticas nacionales protejan el derecho humano a la vida desde la concepción. También deberían rechazar y condenar la presión de adoptar leyes que legalizan o despenalizan el aborto.

Los cuerpos que monitorean tratados, las agencias de las Naciones Unidas y los funcionarios, tribunales regionales y nacionales y demás deben desistir de aseveraciones implícitas o explícitas de un derecho al aborto basadas en el derecho internacional.

Cuando se realizan tales aseveraciones falsas o se ejercen presiones, los estados miembros deberían reclamar la responsabilidad del sistema de las Naciones Unidas.

Quienes proporcionen ayuda para el desarrollo no deben promocionar o financiar el aborto. Ellos no deben condicionar la ayuda a la aceptación del aborto por parte del beneficiario.

Los programas internacionales y aquellos que financian programas de salud materna y de infantes deben garantizar un resultado saludable del embarazo tanto para la madre como para el infante y deberían ayudar a las madres a dar la bienvenida a una nueva vida en todas las circunstancias.


Nosotros — defensores y litigantes en materia de derechos humanos, intelectuales, dirigentes electos, diplomáticos y expertos médicos y de política internacional — por la presente confirmamos estos artículos.

San Jose de Costa Rica
Marzo 25 de 2011



* Instituciones nombradas únicamente para propósitos de identificación.   

Firmado,

Lord David Alton, Cámara de los Lores, Gran Bretaña
Dr. Gerardo Amarilla De Nicola, Representante Nacional por Rivera, República Oriental del Uruguay
Carl Anderson, Caballero Supremo. Caballeros de Colón
Guiseppe Benagiano, Profesor de Ginecología, Perinatología y Cuidados a la Niñez – Universidad “La Sapienza”, Roma, antiguo Secretario General de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
Profesor William Binchy, Profesor de Derecho, Trinity College Dublin, Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda
Honorable Javier Borrego, ex juez, Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Christine Boutin, ex ministra de Gabinete – Gobierno de Francia,  Presidente del Partido Demócrata Cristiano
Hon. Tom Coburn M.D., Miembro del Senado de los Estados Unidos
Benjamin Bull, Jefe de Concejo, Fondo de Defensa de la Alianza
Honorable Martha De Casco, Miembro del Congreso, Honduras
Jakob Cornides, Abogado de Derechos Humanos
Ján Figel’, Viceprimer Ministro de Eslovaquia, Presidente del partido eslovaco KDH, ex Observador del Parlamento de la UE
Profesor John Finnis, Universidad de Oxford, Universidad de Notre Dame
Profesor Robert George, Profesor de Jurisprudencia McCormick, Universidad de Princeton, ex Miembro del Consejo Presidencial sobre Bioética
Profesor John Haldane, Profesor de Filosofía, Universidad de St Andrews
Patrick Kelly, Vicepresidente de Política Pública de los Caballeros de Colón
Profesor Elard Koch, Facultad de Medicina, Universidad of Chile
Profesor Santiago Legarre, Profesor de Derecho, Pontificia Universidad Católica Argentina
Leonard Leo, ex delegado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Yuri Mantilla, Director, Asuntos Internacionales de Gobierno, Enfoque a la Familia
Hon. Elizabeth Montfort, ex Miembro del Parlamento Europeo
Senador Rónán Mullen, Miembro del Senado de Irlanda
Cristóbal Orrego, Profesor de Jurisprudencia, Universidad de los Andes (Chile)
Alojz Peterle, Miembro del Parlamento Europeo, Eslovenia, ex Primer Ministro de Eslovenia
Bernd Posselt, Miembro del Parlamento Europeo, Alemania
Gregor Puppinck, Director Ejecutivo, Centro Europeo para la Ley y la Justicia
Embajador Grover Joseph Rees, ex Embajador de EEUU en Timor-Leste, ex Representante Especial de EEUU para las Naciones Unidas sobre asuntos sociales
Austin Ruse, Presidente, C-FAM
William Saunders, abogado de derechos humanos, Americanos Unidos por la Vida, ex delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas
Alan Sears, Presidente, Fondo de Defensa de la Alianza
Marie Smith, Presidente, Red Parlamentaria para Asuntos Críticos
Profesor Carter Snead, Miembro, Comité Internacional de Bioética, UNESCO y ex Observador Permanente al Consejo Directivo de Europa sobre Bioética, Escuela Derecho de la Universidad de Notre Dame
Douglas Sylva, Delegado a la Asamblea General de las Naciones Unidas
Honorable Francisco Tatad, ex Líder  de la Mayoría del Senado de Filipinas
Embajador Alberto Vollmer, ex Embajador de Venezuela a la Santa Sede
Christine de Marcellus Vollmer, Presidente de la Alianza Latinoamericana para la Familia
Honorable Luca Volonte, Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Presidente del Partido Popular Europeo (PACE)
Lord Nicholas Windsor, Casa de Windsor
Susan Yoshihara, Directora, Grupo  de Investigaciones de Organizaciones Internacionales
Anna Zaborska, Miembro del Parlamento Europeo, antigua miembro de Junta del Comité de la Mujer del Parlamento Europeo

Como usar los artículos



Los Artículos de San José fueron creados con el fin de ayudar a los gobiernos y a la sociedad civil a promover los derechos humanos mediante una interpretación adecuada de cómo los derechos del niño por nacer se encuentran protegidos en el derecho internacional. Los artículos deberían ser usados para refutar falsas afirmaciones, como ser la noción errónea de que el aborto es un derecho humano.

LOS LEGISLADORES Y LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO deberían utilizar los Artículos de San José para ayudar a dirigir la ayuda internacional a programas de asistencia de la salud materno-infantil que garantizan un resultado positivo del embarazo tanto para la madre como para el niño, y para esclarecer las retenciones de fondos que violan el derecho a la vida del niño por nacer desde el momento de la concepción.

LOS LEGISLADORES Y LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO deberían utilizar los Artículos de San José como un punto de referencia para garantizar que las leyes y las políticas nacionales protejan el derecho humano a la vida desde la concepción, y para rechazar presiones tendientes a que se adopten leyes que legalizan o despenalizan el aborto. Esto debería lograrse por medio de resoluciones vinculantes y no vinculantes.

LOS GOBIERNOS deberían utilizar los Artículos de San José para responsabilizar al personal de la ONU que efectúa declaraciones falsas o que ejerce presión sobre ellos para que liberalicen sus leyes de aborto, o cuando los organismos internacionales de asistencia condicionan la ayuda al hecho de que sus países acepten el aborto.

LOS JUECES deberían utilizar los Artículos de San José para proteger el derecho interno y las políticas que resguardan el derecho humano a la vida desde la concepción y para interpretar las obligaciones jurídicas internacionales a fin de proteger este derecho. Los jueces deberían usar los Artículos de San José para hacer frente a demandas judiciales que invocan tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos o comentarios de especialistas de la ONU en derechos humanos que afirman que el aborto es un derecho humano. Los jueces deberían usar los Artículos de San José para hacer valer los derechos humanos del niño por nacer.

LOS ABOGADOS deberían usar los Artículos de San José como ayuda para invocar las disposiciones de derechos humanos que garantizan el derecho a la vida integrando la responsabilidad estatal de proteger del aborto al niño por nacer.

LOS PROFESORES Y LOS ALUMNOS DE DERECHO deberían citar los Artículos de San José en artículos de revisión y paneles sobre derecho, así como en clase.

LOS ACTIVISTAS deberían utilizar los Artículos de San José para enseñar al público en general, a los maestros, a los responsables de tomar decisiones políticas y a los medios que no existe una obligación legal internacional de brindar acceso al aborto basada en ningún motivo, ni siquiera en la salud, en la privacidad, en la autonomía o en la no discriminación, entre otros.

LOS ESTUDIANTES deberían utilizar los Artículos de San José como un trampolín para aprender más sobre el modo en el que todos los seres humanos, como miembros de la familia humana, tienen derecho a que se reconozca su dignidad inherente, a que se protejan sus derechos humanos inalienables y a cuestionar falsas afirmaciones que niegan esta dignidad intrínseca.